Congreso USA impone condiciones a la ayuda militar y de la Policía de Honduras

POR:
ALEXANDER  MAIN
03 DE ENERO 2012
En respuesta a la preocupación generalizada en la Cámara de Representantes y el Senado sobre los abusos de derechos humanos que involucran a la policía hondureña y militares, el Congreso de Estados Unidos ha puesto nuevas condiciones en una parte de la policía de EE.UU. y la ayuda militar a Honduras.


El lenguaje legislativo que establece las nuevas condiciones se pueden encontrar en el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y la Ley de Apropiación Programas relacionados dentro de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el año fiscal 2012, que fue aprobada por el Congreso el 16 de diciembre. Ahora exige que, antes de asignar el 20% de los fondos asignados a Honduras, el Departamento de Estado debe investigar e informar a la Comisión de Asignaciones si los militares hondureños "es la implementación de políticas para proteger la libertad de expresión y asociación, y el debido proceso de ley , "si se trata de enjuiciar a" militares y policías que están creíble acusado de haber violado los derechos humanos ", y si la policía hondureña y militares" están cooperando con las autoridades civiles en tales casos. "

                                                                     
La situación de los derechos humanos en Honduras no ha dejado de deteriorarse desde el golpe de Estado militar que condujo a la expulsión del presidente electo del país en junio de 2009. Honduras cuenta actualmente con la mayor tasa de homicidios en el mundo y, desde 2010, por lo menos 17 periodistas han sido asesinados , la mayoría de los cuales eran críticos del golpe de Estado.
Decenas de activistas anti-golpe político han sido asesinados, así como líderes sindicales, activistas LGBT y representantes afro-indígenas. En la región nororiental del Bajo Aguan, cuarenta y dos defensores de derechos sobre la tierra han sido asesinados desde el golpe de 2009. Militares hondureños y la policía han sido presuntamente implicados en varios de los muchos asesinatos políticos y otros actos de motivación política de la violencia que han tenido lugar desde el golpe. Sólo un pequeño número de estos crímenes han sido investigados o procesados.
 En octubre, agentes de la policía acusado de matar a dos estudiantes desarmados, entre ellos el hijo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, fueron detenidos brevemente y luego lo soltó . A principios de este mes, un destacado crítico de la policía, Alfredo Landaverde , fue asesinado en plena luz del día en Tegucigalpa por desconocidos. El 5 de diciembre, el presidente Lobo firmó un decreto que permite a los militares a asumir funciones de policía por un período de 90 días.
Aunque la administración de EE.UU. no ha comentado sobre la policía de Honduras y la participación militar en abusos contra los derechos humanos, la preocupación por el apoyo de EE.UU. a las fuerzas de seguridad del país ha crecido en el Congreso. En julio, 87 miembros de la Cámara de Diputadospidió a la secretaria de Estado Hillary Clinton a suspender la policía y la ayuda militar a Honduras. El 28 de noviembre, Howard Berman - el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores - envió una carta a la secretaria Clinton , que expresó su "grave preocupación" con respecto a la llamada La carta sobre "El papel de las fuerzas de seguridad hondureñas en la vulneración de los derechos humanos." Clinton a "evaluar de forma inmediata ayuda de Estados Unidos para asegurar que no son, de hecho, la alimentación de un animal."
Toca Berman letra en el reciente asesinato de los dos estudiantes, Alejandro Vargas Castellano y Carlos David Pineda, señalando que "a partir de este escrito, parece que nadie ha sido acusado, a pesar de la abrumadora evidencia de la responsabilidad de la policía de la Pineda y los asesinatos Castellanos, y nos quedamos con evidencia que sugiere que muy altos oficiales y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional pudo haber sido responsable por el fracaso para detener a los presuntos culpables. "En la carta también se centra en los asesinatos de activistas de derechos sobre la tierra en el Aguan valle, y se pregunta "¿cuál es la respuesta del gobierno de Honduras a los informes de las repetidas acciones conjuntas de la policía y los militares en el Bajo Aguán con las fuerzas de seguridad privada de Miguel Facussé, sobre la que hay acusaciones importantes de tráfico de drogas? el señor Facussé no niega que sus guardias de seguridad mataron a cinco activistas campesinos en El Tumbador el 15 de diciembre de 2010, y sin embargo ninguna medida, aparentemente, han tomado medidas para investigar o enjuiciar al Sr. Facussé y sus guardias en las relaciones con este crimen y otros ... "
La carta pide una serie de preguntas específicas, tales como "¿Estas tropas [en el valle del Aguan] recibieron capacitación o asistencia USG? ¿Qué acciones es la empresa EE.UU. para asegurar que el gobierno del Presidente Lobo es enjuiciar a los miembros de las fuerzas armadas y la policía responsables de estos crímenes (...)? "Berman expresa la esperanza de que el Departamento de Estado" respuestas le ayudarán a aclarar lo que debemos hacer respecto al futuro de ayuda de EE.UU. de Honduras ", pero no parece que estas respuestas se han recibido.
No es sólo los demócratas en la Cámara de Representantes que están preocupados por el continuo apoyo del gobierno EE.UU. a las fuerzas de seguridad de Honduras. En septiembre, el Senado de EE.UU. aprobóoperaciones extranjeras de la legislación créditos condicionados que la policía y la ayuda militar a Honduras y se estipula la necesidad de que el gobierno de Honduras para investigar, juzgar y sancionar a los policías que han violado los derechos humanos. Aunque los republicanos de la Cámara de Representantes, controlada no incluyó ninguna de esas condiciones en la versión original de la Cámara de los negocios en el extranjero la legislación créditos, la Ley de Asignaciones final, acordado por ambas cámaras del Congreso, que se incorpora el lenguaje de acondicionamiento antes mencionadas.
Congress Places Conditions on Military and Police Aid to Honduras

By:Alexander Main

January 3, 2012

In response to widespread concern in both the House and Senate over human rights abuses involving the Honduran police and military, the United States Congress has placed new conditions on a portion of U.S. police and military aid to Honduras. The legislative language that establishes these new conditions can be found in the Department of State, Foreign Operations and Related Programs Appropriation Actwithin the Consolidated Appropriations Act for Fiscal Year 2012, which was passed by Congress on December 16. It now requires that, before allocating 20% of the funds allocated for Honduras, the State Department must investigate and report back to the Committee on Appropriations whether the Honduran military "is implementing policies to protect freedom of expression and association, and due process of law," whether it is prosecuting "military and police personnel who are credibly alleged to have violated human rights,” and whether the Honduran police and military "are cooperating with civilian authorities in such cases."
The human rights situation in Honduras has steadily deteriorated since the military coup d’etat that led to the forced removal of the country’s elected president in June 2009. Honduras currently has the highest homicide rate in the world and, since 2010, at least 17 journalists have been assassinated, the majority of whom were critical of the coup. Dozens of anti-coup political activists have also been killed, as well as union leaders, LGBT activists and Afro-indigenous representatives. In the northeastern Bajo Aguan region, forty-two land rights advocates have been murdered since the 2009 coup. Honduran military and police have been allegedly implicated in a number of the many political murders and other politically-motivated acts of violence that have taken place since the coup. Only a tiny number of these crimes have been investigated or prosecuted.
In October, police agents charged with killing two unarmed students, including the son of the Rector of the National Autonomous University of Honduras in Tegucigalpa, were briefly detained and then let go. Earlier this month, a prominent critic of the police, Alfredo Landaverde, was murdered in broad daylight in Tegucigalpa by unidentified assailants. On December 5^th, President Lobo signed a decree allowing the military to take on policing functions for a period of 90 days.
Though the U.S. administration has not commented on Honduran police and military involvement in human rights abuses, concern over U.S. support for the country’s security forces has grown in Congress. In July, 87 members of the House of Representatives called on Secretary of State Hillary Clinton to suspend police and military assistance to Honduras. On November 28, Howard Berman – the highest-ranking Democrat on the House Foreign Affairs Committee – sent a letter to Secretary Clinton which expressed “grave concern” regarding the “role of Honduran state security forces in human rights abuses.” The letter called on Clinton to “evaluate immediately United States assistance to ensure that we are not, in fact, feeding a beast.”
Berman’s letter touches on the recent killing of the two students, Alejandro Vargas Castellano and Carlos David Pineda, remarking that “as of this writing it appears that no one has been charged, despite overwhelming evidence of police responsibility for the Pineda and Castellanos killings, and we are left with evidence suggesting that very high-ranking officers and officials in the Ministry of Security and National Police may have been responsible for the failure to detain the alleged culprits." The letter also focuses on the killings of land rights activists in the Aguan Valley, and asks “what is the Honduran government's response to reports of repeated joint actions of police and military in the Bajo Aguán with the private security forces of Miguel Facussé, about whom there are significant allegations of drug trafficking? Mr. Facussé does not deny that his security guards killed five campesino activists at El Tumbador on December 15, 2010, and yet no measures have apparently been taken to investigate or prosecute Mr. Facussé or his guards in relations to this crime and others...”
The letter asks a number of specific questions, such as “Have these troops [in the Aguan Valley] received USG training or assistance? What actions is the U.S. undertaking to ensure that President Lobo's government is prosecuting members of the military and police responsible for these crimes (…) ?” Berman expresses the hope that the State Department’s “answers will help clarify what we should do regarding future U.S. assistance to Honduras”, but it doesn’t seem that these answers have been forthcoming.
It is not just Democrats in the House of Representatives that are concerned about continued U.S. government support to Honduras’ security forces. In September, the U.S. Senate approved foreign operations appropriations legislation that conditioned police and military assistance to Honduras and stipulated the need for the Honduras government to investigate, prosecute, and punish police officers who have violated human rights. Though the Republican-controlled House of Representatives didn’t include any such conditions in the original House version of the foreign operations appropriations legislation, the final Appropriation Act, agreed to by both chambers of Congress, incorporated the conditioning language mentioned above.