Procurador de DDHH Leonel casco |
Amenazan de muerte a procurador de DD HH por revelar que policías planifican atentados
Tomado de la Tribuna / Nacionales 16 noviembre, 2011
TEGUCIGALPA.-
El director legal del Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos
en Honduras, Leonel Casco Gutiérrez, quien reveló que policías, en
confabulación con pandilleros, manejan listas de personalidades
hondureñas para atentar contra sus vidas o extorsionarlos, denunció ayer
que ha recibido amenazas a muerte.
Por
revelar ese tipo de informaciones, Casco Gutiérrez ha recibido llamadas
a su teléfono celular diciéndole que en cualquier momento sería
asesinado, y lo mismo ha sucedido con su esposa y toda su familia.
De
números desconocidos lo llaman en horas de la noche, “son llamadas
raras y solo escuchan mi voz después cuelga, y les marco pero no
contestan”, dijo.
Aseguró
que cada una de esas llamadas las está grabando para realizar su
oportuna investigación, debido a que lo único que se está haciendo es
buscar la forma para que la sociedad viva con más seguridad.
En
relación al extitular de la Dirección Nacional de Investigación
Criminal (DNIC), Francisco Murillo López, indicó que “yo no tengo nada
en contra del general Murillo, ni contra ningún otro policía, lo único
que hacemos es interponer la denuncia para que las autoridades
investiguen”.
Explicó
que en el observatorio reciben denuncias, que son investigadas y se
presentan a las autoridades, para que encuentren a los culpables, pero
no se encargan de señalar a nadie.
TODA LA FAMILIA
“He
tenido amenazas donde me dicen que toda mi familia podía ser víctima de
muerte o de un atentado. Esto me preocupó mucho, pero es algo a lo que
uno está expuesto, porque los defensores de los derechos humanos somos
personas públicas”.
Refirió
que no puede asegurar que las amenazas son directamente de la
Secretaría de Seguridad, “pero sí de oficiales, de funcionarios
policiales que coordinan y trabajan en forma operativa con estos grupos
criminales”.
“El
mensaje es claro y contundente; se refiere específicamente a mi carta
de denuncia, incluso diciéndome que nadie la cree y que estoy loco. Sin
embargo, está comprobado y es lamentable que desde las mismas
estructuras del Estado se planifiquen muchos actos criminales”, aseguró.
Casco
Gutiérrez reafirmó que entregó al ex ministro de Seguridad, Óscar
Álvarez, la documentación que afirma y prueba la existencia de un plan
para asesinar, secuestrar y atentar a 27 personas.
“En
el fondo, con la denuncia le estamos diciendo a las autoridades que
desde las mismas estructuras de seguridad del Estado se programan, se
planifican los actos criminales, y se conspira contra el mismo gobierno
de la República”.
Señaló
que ese tipo de práctica evidencia la falta de responsabilidad,
capacidad y negligencia al no investigar y no controlar ese tipo de
hechos, porque hasta les detallaron que había talleres, cómo operan, a
efecto de que esta secretaría procediera a darles protección a los
implicados, pero nunca se han interesado.
Refirió
que “ninguna banda del crimen organizado puede funcionar si no hay
complicidad o si no hay participación plena y efectiva de funcionarios o
agentes de la autoridad, sobre todo de las policiales y militares”.
De
la denuncia tiene conocimiento la ministra de Justicia y Derechos
Humanos, abogada Ana Pineda, a quien se le entregó la información extra
relacionada con la forma de operar de estos personajes.
Mientras
que la fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, también se
comprometió a darle seguimiento a la denuncia. Sin embargo, el ministro
de Seguridad en ese entonces, Óscar Álvarez, no se dignó a iniciar un
proceso de investigación, lamentó.
LÍDERES
Asimismo,
precisó que “la información de la lista de atentados criminales se
recopiló de testimonios que hemos recibido y documentado, donde estas
personas tendrán carácter de protección y de confidencialidad”.
“Es
una información que se genera desde adentro de las mismas estructuras
policiales y lo que nosotros hacemos es no solo decir en forma pública,
sino que estamos precisando nombres, detalles, pistas, evidencias para
que efectivamente las autoridades se encarguen de realizar las
investigaciones”.
“Esperamos
un proceso de investigación, que implica una labor de depuración y
restructuración policial con el objetivo de parar la criminalidad en el
país”.
El defensor de Derechos Humanos consideró que continúan las mismas estructuras y no
hay
mecanismos de controlar, supervisar y evaluar las actuaciones de la
oficialidad, de los clases y agentes policiales. “Los hondureños van a
tener que seguir a merced de esta ola delictiva”.
Señaló
que es preocupante porque en el listado hay personalidades de la vida
pública y religiosa del país, así como funcionarios y periodistas que en
cualquier momento pueden ser víctimas y atribuir el atentado a otros
móviles.
Entre
otras personas que figuran en la lista hay líderes de movimientos
sociales y hasta catedráticos universitarios, pero las acciones para
detectar a estos agentes son mínimas por parte de la Secretaría de
Seguridad.
Las
amenazas recibidas están en conocimiento del Comité para Defensa de los
Derechos Humanos en Honduras (Codeh) y la Fiscalía Especial de los
Derechos Humanos, apuntó Casco Gutiérrez.
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