TEGUCIGALPA — Una representación de la Corte Penal Internacional
(CPI) investiga si los protagonistas del golpe de Estado del 28 de junio
de 2009 en Honduras pueden ser enjuiciados por ese tribunal, informaron
los miembros de la delegación que encabeza el juez español Baltasar
Garzón.
En primera fila de los acusados por organismos defensores
de los derechos humanos por el golpe de Estado que derrocó al entonces
presidente Manuel Zelaya, figuran el ex presidente de facto Roberto
Micheletti y el jefe de los militares, general (ahora retirado) Romeo
Vásquez.
La delegación que llegó a Honduras para iniciar la
investigación y que representa al fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo,
está integrada por Garzón, quien cobró notoriedad por el juicio contra
el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, y Eugenia Valenzuela.
Los
dos enviados participaron como expositores en la clausura del foro
Impunidad, Libertad de Expresión y Justicia realizado en Tegucigalpa,
convocado por organismos de derechos humanos al que asistieron un
centenar de personas.
En la inauguración del encuentro estuvo
presente el relator para la Libertad de Expresión de las Naciones
Unidas, Frank de La Rue, para iniciar una investigación sobre los
asesinatos de 16 periodistas, ocurridos en este país desde 2010, luego
del golpe de Estado.
Estos crímenes forman parte de las denuncias
que organismos humanitarios han venido formulando en contra de los
integrantes del régimen de facto que suplantó al gobierno de Zelaya.
Los
organizaciones no gubernamentales han denunciado también unas 200
violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado,
incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y excesos de la
policía contra manifestantes.
Al responder una pregunta de los
asistentes, Garzón dijo que "una vez que tengamos las pruebas sobre la
mano, podremos dar una respuesta sobre si efectivamente hay una
responsabilidad" de Micheletti, Romero y otras autoridades en contra del
Estatuto de la Corte de Roma por su participación en el golpe de
Estado.
El 10 de noviembre de 2010, el fiscal de la CPI, Luis
Moreno Ocampo, "anunció que su oficina llevaría a cabo un examen
preliminar" ante las denuncias de activistas de derechos humanos de
Honduras en relación con delitos cometidos durante y después del golpe
de Estado que caen en el ámbito de la CPI.
Subrayó que si "la
fiscalía determina que existe una base razonable para presumir que se
cometieron delitos dentro de la competencia de la Corte, tales como
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio dentro del
contexto del Estatuto de Roma, procederá a analizar si existen
procedimientos, investigaciones y juicios para atender estas
alegaciones" por parte de la justicia hondureña.
Garzón enfatizó
en su exposición que "hay apariencia de crímenes de lesa humanidad"
durante y después del golpe Estado, por lo que "resulta básico la
preparación de los casos" y "si un caso se prepara como se debe, tiene
más posibilidades de tener éxito".
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