jueves, 3 de mayo de 2012

Prepotencia y abuso de autoridad de Fiscal General puso en peligro la integridad física de un ciudadano

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Jueves 3 de  mayo 2012   / 18:14  /  Marvin Palacios


Fiscal General Luis Alberto Rubí
Tegucigalpa.

La prepotencia y el abuso de poder del Fiscal General Luis Alberto Rubí y miembros de su escolta personal, pusieron en peligro la integridad física del joven Sergio Fidel Borjas Rivera quien fue agredido físicamente por los uniformados durante un incidente en el que la caravana que brinda protección al funcionario del Ministerio Público irrumpió abruptamente en el carril en el que se conducía el ciudadano agredido
El hecho aconteció el día miércoles 2 de mayo, alrededor de las 2:00 de la tarde en cercanías del Mall Multiplaza y la colonia Payaquí cuando Sergio Fidel Borjas Rivera se conducía en su vehículo por la vía correcta cuando una caravana de carros que transporta al Fiscal General Luis Alberto Rubí y miembros de su escolta personal irrumpió en su trayectoria.
Inmediatamente Fidel Borjas procedió a aparcar su vehículo “lo que indignó a la seguridad del Fiscal, lo bajaron, no entendieron lo que era un protocolo de seguridad al decirle que se apartara un poco más, y él lo que hizo fue lo correcto, sin embargo si les molestó esa actitud solo le hubieran pedido que se apartara un poquito más”, detalló el abogado Marvin García apoderado legal de Fidel Borjas.


García añadió que cuando unos 15 miembros de la seguridad del Fiscal General, (entre policías y escoltas personales) bajaron a Borjas Rivera de su vehículo, procedieron a golpearlo, “lo detuvieron ilegalmente sin ningún tipo de indicios, lo trasladaron al CORE 7 (sede de la Policía Metropolitana número 1), nos apersonamos anoche y la fiscal de turno de nombre Sandra, no dio ninguna información, más que lo tenían detenido por atentar contra el Fiscal del Estado”.


Sergio Fidel Borjas Rivera
El abogado defensor señaló que el jueves en horas de la mañana se apersonó nuevamente a la sede policial para entrevistarse con el fiscal Víctor Muñóz para indagar el caso, en el cual  ambos coincidieron que los policías golpearon a Borjas Rivera y que había que constatarlo en el informe de Medicina Forense.

García apuntó que al analizar este caso “como abogado nos damos cuenta de cómo puede atentar una persona contra el Fiscal del Estado que lleva más de 15 guardias de seguridad y policías, sin ningún tipo de armas, cuando lo único que andaba eran documentos, o sea que es algo ilógico y se violan los derechos humanos, se viola el debido proceso, el derecho de defensa y que se tiene detenido ilegalmente.

Consultado por defensoresenlínea.com n torno a la calificación que se puede dar de la actitud mostrada tanto por la guardia personal como del mismo Fiscal General, el abogado García respondió que “aquí la comisión del ilícito que ellos hacen es un abuso de poder realmente, si nos damos cuenta la ley expresa en el artículo 66 que no faculta a estas personas, porque no son parte de la Presidencial ni de la Cruz Roja, ellos tienen que conducirse igual a cualquier ciudadano como usted y yo y además de eso utilizar su protocolo de seguridad, realmente es un abuso de poder y una violación a los derechos humanos”.

El abogado defensor del joven  Borjas Rivera recalcó que la acción emprendida por los guardias y policías pusieron en peligro la vida de la víctima de agresiones, porque imagínese 15 personas golpeando a uno, él tiene golpes en la cara, en las diferentes partes del cuerpo, entonces por eso es la evaluación del médico forense para que se determine que fue golpeado salvajemente.

Cabe resaltar que en este caso, la denuncia ejercida por los medios de comunicación, inicialmente transmitida por el noticiero “Así se Informa” del periodista Esdras Amado López de canal 36 y secundada por el noticiero “Honduras en la Noche” del periodista Julio Ernesto Alvarado de Radio Globo,  ejercieron  presión entre el propio Fiscal General y sus subalternos fiscales, para desistir de la intención inicial de acusar a Sergio Fidel Borjas de atentar contra el Fiscal General Luis Alberto Rubí.

La procuradora de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas se presentó en horas de la mañana de este jueves en la estación policial para indagar en torno a las acusaciones que los fiscales de turno habrían imputado al joven Borjas Rivera y constató que finalmente se le acusa de faltas en contra de la autoridad (contemplado en el artículo 418, numeral 3 del Código Penal) y que por lo tanto sería puesto en libertad, después de pagar una multa, en las próximas horas del mismo jueves 3 de mayo de 2012.

Cárdenas ingresó a la celda en la que se encontraba privado de libertad el joven Borjas Rivera y confirmó las lesiones causadas por los golpes que le propinaron los guardias y policías que componen la escolta de seguridad del Fiscal General, Luis Alberto Rubí.

El artículo 418 del Código Penal en el numeral 3 expresa lo siguiente: “Será sancionado con prisión de sesenta (60) a noventa (90) días y multa de un mil (L.800.00) a un mil lempiras (L.1, 000.00) quien ofende o desobedece a los agentes de la autoridad cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo el abogado defensor de Borjas Rivera expresó que  eso es irrisorio, que no se puede establecer un requerimiento fiscal sin ningún indicio, que más bien la acción debería ser contra el fiscal y su seguridad por haberlo golpeado salvajemente y por violar sus derechos humanos, inclusive tentativa de homicidio porque definitivamente 15 contra uno, la fuerza y las armas que están aquí haciéndose valer por el poder contra un ciudadano, que lo único que ha hecho es utilizar su derecho, el Ministerio Público lo único que pretende es levantar su perfil de la mediocridad con que están actuando en contra los ciudadanos hondureños.

El abogado Marvin García agregó que se reserva el derecho de acusar al Ministerio Público que al violar los derechos humanos y violar el debido proceso y el derecho a la defensa, estaríamos ante la introducción de una demanda por daños y perjuicios, primero un reclamo administrativo ante el Ministerio Público y de ahí una demanda contra el Estado que puede ser  una indemnización millonaria.

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