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| Soldado patrulla las calles de tegucigalpa |
Según un decreto-ley, las funciones policiales descansan en manos de las Fuerzas Armadas, en forma temporal, para atender situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes.
El
Congreso hondureño aprobó por unanimidad un proyecto para que las
Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior por el tiempo que
dure la emergencia nacional que decrete el Ejecutivo. A partir de un
decretoley de interpretación del artículo 274 de la Constitución, las
funciones policiales descansan en manos de las Fuerzas Armadas, desde la
noche del martes y en forma temporal, para atender aquellas situaciones
de emergencia que afecten a las personas y los bienes. La decisión
coincide con una crisis de imagen de
la Policía Nacional. Desde diversos sectores políticos reclaman que la
policía, cuestionada por sus vínculos con el crimen organizado y el
narcotráfico –y cuyos miembros han sido acusados de cometer asesinatos y
extorsiones, entre otros delitos– sea intervenida de inmediato.
Sectores de la sociedad civil, académicos y políticos temen que el
desembarco de las Fuerzas Armadas en las calles hondureñas reavive
excesos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la
dictadura en ese país.
El diario hondureño El Heraldo menciona
que la norma destaca que “(las fuerzas de seguridad) podrán participar
en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y además cooperar
en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, a
petición de la Secretaría de Seguridad”. Para realizar las funciones
policiales en forma temporal, “el Poder Ejecutivo debe emitir el
correspondiente decreto de emergencia,
estableciéndose el término de vigencia de la norma y sus alcances”.
“Los
fantasmas de los años ‘80, cuando las Fuerzas Armadas cometieron
violaciones a los derechos humanos, no deben entorpecer esta decisión
histórica, ya que estamos ante otro momento impactante en la vida
nacional”, destacó Juan Orlando Hernández, dirigente del oficialista
Partido Nacional. El presidente del Congreso instó por igual a oficiales
y soldados a que dimensionen la responsabilidad que les toca asumir y
“la confianza en ellos (los militares) que les estamos depositando”.
“El
tigre está al acecho”, dijo el diputado Sergio Castellanos, de la
centroizquierdista Unificación Democrática (UD). Y reconoció que siente
temor de que se repitan los crímenes que dejaron, como saldo, al menos
182 desaparecidos y más de 200 asesinatos extrajudiciales cometidos por
las Fuerzas Armadas. Pese a la inquietud del legislador, UD acompañó la
norma que otorga facultades policiales a las Fuerzas Armadas.
Entretanto,
la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
Julieta Castellanos, llamó nuevamente al gobierno a tomar acciones que
permitan la depuración policial, tras el asesinato de dos estudiantes
–uno de ellos su hijo– por efectivos de las fuerzas de seguridad. “Creo
que ningún funcionario público, ninguno que haya sido electo por el
pueblo, puede darle la espalda a una demanda que es tan legítima como
tener un órgano policial depurado y al servicio de la ciudadanía”, dijo
Castellanos.
Al hablar ante el Congreso, la rectora pidió una
intervención “nacional e internacional” de la policía que se lleve a
fondo. Tanto para los representantes de la UNAH como para algunos
sectores empresarios y organizaciones de defensa de los derechos
humanos, las medidas que se tomaron hasta ahora para combatir la
corrupción policial han sido
superficiales.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, se
resistió hasta ahora a intervenir la policía. En reiteradas
oportunidades señaló que no se puede actuar a la ligera y que se debe
dar tiempo para que el actual ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla,
trabaje en la resolución del problema. Sin embargo, Lobo adelantó, con
buena cintura política, que no se opondría a las recomendaciones que
provengan de sectores de la sociedad sobre este asunto. El mandatario
hondureño había enviado un mensaje al Congreso para que le diera
herramientas jurídicas que permitieran a las Fuerzas Armadas realizar
tareas policiales. Actualmente, los militares acompañan a los policías
en tareas preventivas de seguridad, pero están bajo el mando de
oficiales policiales y no pueden realizar arrestos y registros de
viviendas. Honduras ostenta uno de los índices de homicidios más altos
del mundo con 82,1 cada 100 mil habitantes.
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Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
El diario hondureño El Heraldo menciona
que la norma destaca que “(las fuerzas de seguridad) podrán participar
en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y además cooperar
en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, a
petición de la Secretaría de Seguridad”. Para realizar las funciones
policiales en forma temporal, “el Poder Ejecutivo debe emitir el
correspondiente decreto de emergencia,
estableciéndose el término de vigencia de la norma y sus alcances”.
“Los
fantasmas de los años ‘80, cuando las Fuerzas Armadas cometieron
violaciones a los derechos humanos, no deben entorpecer esta decisión
histórica, ya que estamos ante otro momento impactante en la vida
nacional”, destacó Juan Orlando Hernández, dirigente del oficialista
Partido Nacional. El presidente del Congreso instó por igual a oficiales
y soldados a que dimensionen la responsabilidad que les toca asumir y
“la confianza en ellos (los militares) que les estamos depositando”.
“El
tigre está al acecho”, dijo el diputado Sergio Castellanos, de la
centroizquierdista Unificación Democrática (UD). Y reconoció que siente
temor de que se repitan los crímenes que dejaron, como saldo, al menos
182 desaparecidos y más de 200 asesinatos extrajudiciales cometidos por
las Fuerzas Armadas. Pese a la inquietud del legislador, UD acompañó la
norma que otorga facultades policiales a las Fuerzas Armadas.
Entretanto,
la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
Julieta Castellanos, llamó nuevamente al gobierno a tomar acciones que
permitan la depuración policial, tras el asesinato de dos estudiantes
–uno de ellos su hijo– por efectivos de las fuerzas de seguridad. “Creo
que ningún funcionario público, ninguno que haya sido electo por el
pueblo, puede darle la espalda a una demanda que es tan legítima como
tener un órgano policial depurado y al servicio de la ciudadanía”, dijo
Castellanos.
Al hablar ante el Congreso, la rectora pidió una
intervención “nacional e internacional” de la policía que se lleve a
fondo. Tanto para los representantes de la UNAH como para algunos
sectores empresarios y organizaciones de defensa de los derechos
humanos, las medidas que se tomaron hasta ahora para combatir la
corrupción policial han sido
superficiales.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, se
resistió hasta ahora a intervenir la policía. En reiteradas
oportunidades señaló que no se puede actuar a la ligera y que se debe
dar tiempo para que el actual ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla,
trabaje en la resolución del problema. Sin embargo, Lobo adelantó, con
buena cintura política, que no se opondría a las recomendaciones que
provengan de sectores de la sociedad sobre este asunto. El mandatario
hondureño había enviado un mensaje al Congreso para que le diera
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Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Calle 19, #130.
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La Ceiba, Atlantida,
Honduras
telefax: 504-24432492
email:garifuna@ofraneh.org/ ofraneh@yahoo.com
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