 | ||
| El diputado Wenceslao Lara (izquierda) frente al fiscal anticorrupción, Henry Salgado, a quien entregó su denuncia. A su derecha el fiscal Aníbal Izaguirre. Foto de Diario Tiempo.hn |
Fuente: Diario Tiempo.hn
TEGUCIGALPA.- El
diputado Liberal Wenceslao Lara interpuso en el Ministerio Público una
denuncia para que se investigue el supuesto proceso de aprobación del
contrato con la empresa Securiport sobre los servicios de seguridad
aeroportuaria y dijo que atrás está la sociedad entre “Juan Orlando
Hernández (titular del Congreso) y (el presidente) Porfirio Lobo Sosa”
Para el diputado por el departamento de Cortés el contrato no pasó por
el pleno del Congreso para ser conocido, debatido y aprobado sino que se
incluyó en el acta final de la sesión donde supuestamente se autorizó
dicho contrato.
“Mi presencia es sobre el contrato de seguridad aeroportuaria. Hay un
acto de corrupción inminente porque el contrato no se licitó saltándose
los procedimientos de la Ley de Contratación del Estado”, dijo Lara.
Expresó que “hay un hermetismo, nadie lo tiene. Nunca lo tuvimos en la
Cámara Legislativa, dicen que se aprobó a las 2: 00 de la tarde pero es
imposible que 40 diputados es muestren sorprendidos, incluso la diputada
Nora de Melgar que presidía la sesión, lo que significa que hay algo
oculto”.
Estableció que a su criterio el contrato lo “falsearon, lo metieron
solamente cuando se ratificó el acta de la sesión y estoy pidiendo
transparencia”.
COMO SIEMPRE JUSTIFICANDO INACCIÓN JURÍDICA EN APOYO A LA IMPUNIDAD!!
 |
| Fiscal General Luis Alberto Rubí (Foto y nota de Diario Tiempo.hn |
TEGUCIGALPA.- El fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí justificó que el Ministerio Público no ha hecho nada por aclarar las dudas que ha generado la aprobación de un millonario contrato para la seguridad aeroportuaria porque no es un hecho consumado.
“El decreto no ha sido publicado en el diario oficial y La Gaceta y
mientras no sea publicado nosotros no podemos actuar”, afirmó.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sandra Maribel Sánchez
Contrato
de Securiport nunca pasó por manos del Congreso
TEGUCIGALPA.- “Hay grandes sospechas de
que este contrato nunca pasó por las manos del Congreso”, así lo consideró el
diputado liberal por Cortés, Wenceslao Lara, cuando llegó al Ministerio Público
(MP), a denunciar la negociación de la tasa migratoria de 17 dólares por
ingreso y salida de cada viajero internacional con la compañía Securiport.
“MP
debe investigar quiénes están detrás…”.
Según el diputado, la documentación
enviada y, posteriormente, aprobada por la mayoría de compañeros del Poder
Legislativo, es un acto de corrupción ya que también dejaron pasar el
procedimiento que manda la Ley de Contratación del Estado para la adquisición
de cualquier servicio.
“Por lo menos no se discutió en el
Congreso (el contrato), se aprobó supuestamente de forma ilícita y solo lo
sometieron cuando se leyó el acta y por eso mi denuncia es en el sentido de que
se hagan las cosas correctamente”, enfatizó.
El polémico e irregular decreto es el
252-2011, por medio del cual el Estado pretende contratar a la compañía
Securiport, para mejorar la seguridad aeroportuaria migratoria, cargándole al
pasajero internacional 34 dólares más por impuestos, 17 de entrada e igual
cantidad por salida.
Aunque las denuncias han sido públicas
refiriendo un supuesto negocio irregular, la aprobación sigue en suspenso
después de que el Presidente Porfirio Lobo Sosa, decidió mandarlo de nuevo a
revisión por parte de la Secretaría del Interior y Población, pero no lo
sancionó
Por lo que Lara, uno de los diputados
que no aprobó el “trancazo”, manifestó en su denuncia en la Fiscalía Especial
contra la Corrupción que desde su punto de vista “y como un diputado
responsable y que voy a decir la verdad al pueblo hondureño, hago esta denuncia
por las irregularidades que rodean este contrato”.
“No me voy a prestar a ninguna
‘sinvergüenzada’ ni a ninguna picardía de nadie, menos de este gobierno que se
ha dedicado a arrodillar y jorobar la economía de la ya empobrecida sociedad
hondureña”.
“Esto (la contratación) no se licitó, no
hicieron ningún trámite tal como lo dice la Ley de Contratación del Estado que
todo contrato debe licitarse, haber diferentes oferentes y una transparencia en
la aprobación del contrato cuando se manda al Congreso Nacional de la
República”, denunció. (SA).
Lobo
Sosa dio luz verde para contratación directa
El Acuerdo Ejecutivo No. 29-2011 con
fecha 24 de marzo de 2011 emitido por el presidente Porfirio Lobo, autorizó a
la Secretaría del Interior y Población para que mediante contratación directa
suscribiera el contrato con la empresa Securiport con duración de 10 años.
La Secretaría del Interior obligaría a
las aerolíneas a depositar el cobro por la tasa de seguridad en una cuenta
especial para Securiport. De no ser así el Gobierno incurriría en el 100 por
ciento del pago a la transnacional, según el contrato
Lo anterior consta en el decreto de ley
que contiene el contrato y que en un controversial proceso de autorización
legislativa ahora niega un buen número de diputados y diputadas haber
participado en el debate y aprobación.
El decreto contempla el pago de una tasa
aeroportuaria de 34 dólares (unos 650 lempiras) para los pasajeros que ingresan
y salen del país por los aeropuertos nacionales, el cual sigue en suspenso,
aunque no ha sido vetado por el Ejecutivo.
Securiport sería la firma encargada de
prestar servicios de seguridad aeroportuaria de las cuatro terminales aéreas
del país y 18 delegaciones migratorias terrestres y marítimas.
El contrato al pasar al Congreso se
convirtió en el Decreto 252- 2011 y calza las firmas de la diputada Alba Nora
Gúnera de Melgar, fungiendo como presidenta por ley en esas fechas; del
diputado secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo; y la diputada
Gladis Aurora López Calderón, como secretaria.
El contrato y el decreto legislativo se
ampara, según sus considerandos, en la necesidad de mejorar la “protección de
fronteras como condición de la disuasión externa y el aumento de la confianza
interna” y que “Honduras debe desarrollarse en democracia con seguridad y sin
violencia”, esto sustentado en la Ley para el Establecimiento de una Visión de
País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
El presidente Porfirio Lobo Sosa decidió
no sancionar el decreto que contiene el contrato y dejarlo en suspenso, ante el
rechazo popular ya que permite a Securiport cobrar por sus servicios 17 dólares
por pasajero que sale del país y similar cantidad al que ingresa para un total
de 34 dólares que se suman al pago actual por servicios aeroportuarios que se cobra
a los pasajeros.
El Decreto destaca las “facultades
suficientes” otorgadas al ministro del Interior, Africo Madrid, para la
celebración del contrato como para firmarlo al salir publicado en La Gaceta
junto con Enrique Segura de nacionalidad argentina, en representación de
Securipot.
Entre los antecedentes se destaca que
Securiport presentó formal oferta a la Secretaría del Interior y Población para
“proveerle y prestarle a este, la prestación de servicios bajo modalidad de
instalación, operación y transferencia como se menciona en este contrato”.
Se describe que Madrid “elevó al
conocimiento del Presidente de la República (Lobo Sosa) la citada oferta y este
mediante Acuerdo Ejecutivo con fecha 24 de marzo de 2011 autorizó al titular
del Interior y Justicia para que suscriba por vía de contratación directa el
contenido del presente contrato”.
Entre los servicios ofrecidos por
Securiport están “construir un banco único de huellas digitales con las huellas
capturadas –de pasajeros y quienes crucen pasos fronterizos- a través de la
operación de sistemas biométricos, el que será propiedad del Estado de
Honduras.
“Interior y Justicia dentro del plazo de siete
días a partir de la vigencia del contrato emitirá una resolución exigiendo que
todas las aerolíneas que operan en Honduras depositen en una cuenta especial
creada para dicho propósito la cantidad de 17 dólares por cada pasajero que
entre y cada pasajero que salga con el objeto de instrumentalizar el sistema de
seguridad”, agrega el contrato.
El importe de la tasa de seguridad iría
incluido en el boleto aéreo o se podría cobrar en el área de chequeo de cada
aerolínea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario